PRESUNTOS INOCENTES

J. M. Ferreira Cunquero


La televisión actualmente es, en muchos casos, un corral de vecinos donde se encandila la gresca, para mitigar el que parece ser nuestro excesivo tiempo sobrante. Funciona tan bien el invento que los distintos programas del susodicho cajón atolondrado se suceden, cual si fueran frigoríficos conservantes de la carnaza y de toda la casquería que nausean los famosos mentecatos de este tiempo.
Lo peor es que conviven, en ese degradante mundo televisivo, espacios donde se juega frívolamente con asuntos tan serios como la presunción de inocencia. No basta con tratar al supuesto asesino como presunto, si a la vez se muestran opiniones de un montón de vecinos cotilla, que aparecen milagrosamente, cuando el periodista de turno desenreda la alcachofa o cuando bajo cuerda se priman las cuatro palabras con un puñado de euros.
Este inmenso muladar de la pequeña pantalla ayuda pertinazmente a que se nos vaya la olla hacia los fuegos de las revanchas, donde se condimenta la opinión pública con la falaz inconsecuencia de que la ley más justa es la que ejerce, llegado el momento, la masa enloquecida.
Al compás de estas miserias televisadas, se montan juicios paralelos de todo tipo y, a través de maniobras publicitarias, se instrumenta el manejo de las millonarias audiencias que mantienen el cotarro.
La laguna de una normativa que delimite los terrenos que puedan invadir la independencia de la justicia, permite que se bombardee sin cesar uno de los valores más sagrados del espíritu de cualquier democracia como es el de la presunción de inocencia.
Otra cosa es exigir a nuestros políticos que despierten de una puñetera vez del letargo promocional de sus desdichas y legislen modificando las leyes que no se ajustan a lo que la sociedad demanda por pura autodefensa con todo derecho.
Es aterrador admitir que una negligente actuación judicial haya permitido que un pederasta reincidente sea el presunto asesino de Mari Luz, y más aún lo es caer en la cuenta de que, al amparo de una legislación con extremas lagunas, podamos asistir a nuevas tragedias en cualquier momento inesperado. Algo debemos hacer para protegernos de quienes se mueven en conductas irrefrenablemente depravadas, que nunca van a poder ser corregidas, por mucho que queramos vestir el traje progresista de la rehabilitación carcelaria. Cuando los informes médicos dictaminan que un condenado va a reincidir en este tipo de incalificables fechorías, no puede ser una ley vetusta cobijo ni amparo que adormezca sólo temporalmente el incontenible deseo de su pederastia. Este sí es el camino que debemos promover y exigir. Nos asiste el derecho de aspirar a tutelarnos por leyes que se ajusten a la realidad que vivimos, sin caer en la trampa de confundir nuestro impulso, cuando se nos clavan como un aguijón estos sucesos en lo más sensible de nuestro corazón humano. No puede justificarse nunca cualquier intentona de linchamiento público como la que hace unos días demandaba un gentío que, fuera de sí, acabó agrediendo a reporteros y policías. Esos espectáculos bochornosos, por mucho que nos conmueva la fragilidad rota de una niña que ya nos pertenece a todos, no pueden tener justificación alguna en nuestro estado de derecho.
La lección magistral nos la sigue dando Juan José Cortés, el padre de Mari Luz. Un ejemplo que, desde el dolor, serenamente reclama que se despierte de una puñetera vez, la sensibilidad del poder legislativo.