RESOLUCIÓN JUDICIAL

Publicado en el diario "El Adelanto" de Salamanca 28.06.07

J. M. Ferreira Cunquero

Aunque esa justicia, que se propaga bajo el auspicio patrio del cotilleo, sea una auténtica castaña, la realidad es que, para quienes no hemos tenido relación alguna con el tema judicial, la ley y los jueces se pueden convertir, como es el caso, en los únicos defensores posibles contra esos patéticos comediantes que, una vez descubiertos, sólo viven para hacer daño al prójimo como sea.

En estos días estoy pendiente de una resolución firme que va a poner las cosas en el lugar que merece quien ha intentado atropellar una parte de mis derechos fundamentales como ciudadano.

Que se tranquilicen los que puedan pensar que trato de referirme a la sentencia que ha condenado recientemente a un pobre hombre que se dedicaba a colgar cobardemente páginas difamatorias en Internet, emulando a esa fauna de majaderos que se escudan tras un ordenador cuando no saben dar la cara como hombres.

Mencionado el tema, no puedo por menos que otorgar un sobresaliente, por la caza de tan inesperado reo, a la Policía Judicial salmantina. Lo más curioso de este hecho lamentable ha sido descubrir cómo, algún incauto predicador, ha dejado ver, tras su piel de cordero, las uñas de alimaña que ha venido aguzando en la lija más traidora de la falsa amistad

De momento un juez ha puesto las cosas en su sitio para darme la razón cuando escribía, hace más de un año, que a este tipo de roedores basura les place tanto el queso que no pueden evitar caer en las ratoneras como auténticos tontainas.

El caso es que la cuestión de la que quería dar cuenta en este “Cajón de los ruidos” es de una propuesta de resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que, hace unas fechas, se ponía de mi parte en la demanda que planteé en su momento contra una compañía telefónica de mucho renombre. La importancia de la propuesta del instructor del procedimiento es tal que solicita para el demandado una multa que alcanza la estimable cuantía de 300.000 €, es decir cincuenta millones de las antiguas pesetas. Y es que el mundo de la telefonía se está configurando como una de las más inverosímiles amenazas que sufrimos los consumidores cuando, atrapados en sus redes, padecemos la más bestial de las impotencias. Ante la dejadez de los distintos gobiernos, estas compañías se lo están montando con fórmulas que esconden, en amabilidades superfluas, el más desastroso de los servicios. Lo importante es lograr tu firma, en un contrato, como sea. Después ya caerás en la cuenta de que estás en manos de vocecitas agilipolladas e inútiles, que te atienden, fíjate tú, desde Bolivia o Venezuela, importándoles un comino que navegues por Internet como un cojitranco maltrecho.

Entre acabar en un juzgado para recoger unas migajas que nunca van a resarcir todo el tiempo perdido en conversaciones inocuas con ese tropel de telefonistas ineficaces, o sentir la satisfacción de que alguien valore y proteja mis derechos intocables estimé conveniente la segunda alternativa.

Esta propuesta de sanción que obra en mi poder, ayuda a reforzar la creencia de que en el estado democrático, la ley debe salvaguardar, por encima de cualquier otro interés, los derechos de los ciudadanos.

Cuando esta resolución sea firme, esperemos que sirva para acotar el espacio de estas grandes empresas de la comunicación que engrandecen sus enormes beneficios mientras machacan la buena fe de muchos de sus clientes.